La estrategia nacional de seguridad pública prioriza, mediante estrategias específicas, la atención de penas relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos, operaciones con recurso de procedencia ilícita, robo de autotransporte y de pasajeros en carretera, tráfico de armas, delitos contra la salud y la seguridad patrimonial,delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, delitos de migración,etc.
Dada la situación nacional de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos, el autotransporte es percibido como una actividad de alto riesgo y es indispensable para la seguridad de la flota anticipar los factores, situaciones y deficiencias de la operación que promuevan la incidencia de delitos disminuyendo por consiguiente la competitividad de tu empresa.